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Honduras: Once años prohibiendo el derecho de acceder a la anticoncepción de emergencia

Tinta Verde

Honduras: Once años prohibiendo el derecho de acceder a la anticoncepción de emergencia

Honduras: Once años prohibiendo el derecho de acceder a la anticoncepción de emergencia

Han pasado once años desde que la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), es prohibida en Honduras, violentando los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas que decidan prevenir un embarazo no deseado.


“Las autoridades sacan muchos beneficios al mantener este derecho reproductivo prohibido, porque pueden elevar este presupuesto en salud, para supuestamente intervenir a miles de mujeres por ingresos hospitalarios, por partos, en controles pre y post natal y chequeos en relación a la anticoncepción, estos fondos públicos son elevados en salud para atención de mujeres que al final de cuentas son destinados para la corrupción” denunció, Jinna Rosales del Grupo Estratégico por la PAE (GEPAE).

La PAE, también conocida popularmente como “pastilla del día después”, sirve para evitar que los espermatozoides fecunden el ovulo, ya que espesa el moco cervical del cuello del útero de las mujeres evitando de que se produzca un embarazo no deseado después de una relación sexual no protegida o una violación sexual.

Embarazos de jóvenes en aumento

“Al Estado no le interesa disminuir la tasa de embarazos de las mujeres, niñas y adolescentes, esto incrementa la reproducción social de la pobreza y de violencia, sobre todo el costo de una mano de obra barata para encontrar un trabajo a temprana edad y asumir su maternidad”, explicó la defensora de los derechos de las mujeres.


Así mismo, sostuvo, “las jóvenes son vistas en dejar sus estudios, para poder hacerse responsables ante este acontecimiento de embarazos qué es abismal y cambia sus vidas”.

Además, Rosales, agregó que “es lamentablemente que solo se le insta a la mujer de poder afrontar esta realidad a ella sola, en ningún momento se menciona esta responsabilidad paterna, y se le hace ver que ella tiene que contar con toda la carga de esta situación del embarazo no deseado”.

En el año 2018 los partos en menores de edad de 10 a 18 años, sumaron un total de 20,529, excluyendo 13 casos ya que fueron partos de niñas menores de 10 años. 843 niñas de menos de 14 años de edad fueron obligadas a ser madres, según el observatorio de derechos humanos de las mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

Denuncias por violencia sexual en aumento

La Secretaria de Salud de Honduras no cuenta con un Protocolo de Atención Integral a las Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual, que debería brindar atención a la integridad física, sexual y mental para sobrevivientes de violaciones.

El Comité por la Libre Expresión (C-libre), realizó una solicitud de información al Poder Judicial, donde especifica que los casos ingresados por violencia sexual en 2017 suman 471, de los cuáles 402 obtuvieron resoluciones. De estas resoluciones el 61 por ciento incluyó hombres imputados, y en el 88 por ciento, fueron mujeres las ofendidas. Los delitos más comunes ingresados son violación con 59 por ciento y actos de lujuria con 33 por ciento.

En el año 2018, los casos ingresados por denuncias de violencia sexual suman un total de 596, de los cuales 496 obtuvieron resoluciones, 97 por ciento de éstas incluyó hombres imputados, y en el 92% de los casos fueron mujeres las ofendidas. Los delitos más comunes son violación con un 60 por ciento y actos de lujuria con 34 por ciento.

En 2018 se reportaron 98 nuevos casos ingresados que representa un aumento porcentual del 21 por ciento respecto al año anterior, siendo en todos los casos las principales víctimas de violencia sexual mujeres.

Desprotegidas las víctimas de violación

“No tenemos el derecho de poder contar con un protocolo para víctimas sobrevivientes de abuso sexual, que pueda garantizar el derecho a recibir una atención integral, sobre todo evitar el embarazo producido por la fuerza, violencia y el poder de los agresores sexuales, las razones son muchas de porque aún sigue prohibida la PAE en este país, Honduras es el único en Latinoamérica que la prohíbe”, explico Jinna Rosales.

Argumentó, también de que, “los agresores sexuales normalmente los encontramos en el hogar y generalmente son parte de los grupo fundamentalista religiosos, ultra conservadores, estos sectores que forman parte de los aliados del gobierno, qué son justamente son ultraconservadores, como ser los militares, sacerdotes, pastores y otros personajes de estas élites, que nos han restringido derecho reproductivo que es el acceso a la anticoncepción de emergencia”.

Sostuvo, además que “estos personajes han abusado históricamente a miles de niñas y adolescentes durante estos últimos 11 años, jóvenes que se han visto obligadas a mantener una maternidad forzada, y sin ninguna garantía de que estos agresores sean sentenciados o puedan cumplir sus condenas, agresores totalmente beneficiarios de un sistema impune y más con estas nuevas categorías que ejerce el nuevo código penal, nos pone en más desventaja, desigualdad y violencia a todas las mujeres en este país”.

“Al Estado no le importa la vida de las mujeres, no está de acuerdo con el derecho a decidir y la autonomía de nuestros cuerpos vistos como nuestros propios territorios, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la PAE es un medicamento esencial qué debería de estar en todos los hospitales para prevenir embarazos productos de violación y cuando las mujeres son Víctimas de abuso sexual, también para aquellas mujeres que tienen una vida sexualmente activa y el métodos de planificación diaria no fue utilizado de forma adecuada, es un derecho reproductivo”, puntualizó Rosales.

Tinta Verde

Tinta Verde es un proyecto formativo y divulgativo periodístico enfocado en tratar a profundidad la problemática que viven las mujeres de Honduras, y articular herramientas de comunicación para enfrentar la desinformación y manipulación informativa con sesgos machistas y discriminatorios que existe en el país.

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