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Hondureña atropellada en España, en coma, y a la espera de que el seguro se responsabilice

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Hondureña atropellada en España, en coma, y a la espera de que el seguro se responsabilice

Nory Elisabeth Pineda Rivas no tiene futuro. Entubada en una cama de la segunda planta del hospital Clínico de Madrid, su estado es crítico. Está en coma vegetativo y las expectativas no son nada buenas. “No va a despertar. Es lo que nos han dicho los médicos”, señala su hermano Eddy. Nory, hondureña de 30 años, fue atropellada el pasado 14 de septiembre cuando cruzaba un paso de cebra. El impacto fue fortísimo y la lanzó 20 metros al otro lado de la calzada. Sufrió un traumatismo craneal severo (de hecho, ha perdido parte del hueso de la cabeza), fractura de pelvis y rotura de tibia y peroné de la pierna derecha. 

Su caso está en el juzgado de instrucción número 54 de Madrid. Nory trabajaba interna en casa de una familia madrileña, que está intentando ayudarla. El matrimonio ha costeado el viaje y la estancia de los padres (que estaban en Honduras) y está intentando por todos los medios que el seguro del conductor, ya denunciado, se haga cargo de su responsabilidad civil. “Es imposible. No nos cogen el teléfono. Hemos tenido que pedir auxilio al juzgado para que Allianz Seguros cumpla la ley y se ocupe de los gastos ordinarios y extraordinarios que la víctima y su familia deben atender, pero no nos responden”, señala Manuel Castellanos, abogado de la familia.

Como las desgracias nunca vienen solas, la situación de Nory ha empeorado, si cabe. En el hospital ha pillado una contagiosa bacteria en la piel (acionetobacter baumanii multiresistente) que obliga al equipo médico a mantenerla en aislamiento y que hace que otros centros sanitarios, especializados en pacientes con su grave pronóstico, no la quieran hasta que la bacteria sea erradicada. Su familia tampoco lo está pasando bien. Una semana después del atropello, su hermano Luis sufrió un infarto, su padre ha perdido el dedo de un pie tras un ataque diabético y su madre será operada en enero aquí en Madrid tras detectarle una grave dolencia.

Judicialmente hablando, también ha habido problemas. Una baja médica de la funcionaria del juzgado asignada al caso provocó retrasos en la apertura de las diligencias previas. Además, la Policía Municipal no facilitó el atestado del accidente, que tuvo que ser aportado por el abogado de la familia para que el juez pudiese comenzar su trabajo. “Estamos teniendo muy mala suerte en todo”, señala Eddy Pineda, que ha tenido que dejar su trabajo como pintor para ayudar a sus padres y a su hermano Luis (ahora enfermos), turnándose a la hora de estar con Nory en el hospital. 

Cuando iba a buscar a un niño
El accidente se produjo en la calle Fernando Lázaro Carreter, en el barrio madrileño de Aravaca, a las 12:40 de la mañana. Nory, que llegó a España la Nochebuena de 2008 y llevaba varios años trabajando de interna, iba de camino a una guardería cercana a recoger al hijo del matrimonio para el que trabajaba. Al cruzar un paso de cebra señalizado, fue arrollada por un Volkswagen Passat. “El testigo manifiesta que se ha detenido en un paso de peatones señalizado para que cruzase la calzada una mujer que llevaba una sillita de niños, que cuando esta ha llegado al medio de la calzada, ha reanudado la marcha, y nada más rebasar el paso de peatones ha escuchado un fuerte golpe, observando a la mujer tirada en el suelo”, reza el atestado policial del accidente.Una explicación un poco extraña, opina la familia de Nory. “Para que la lanzara tan lejos, el golpe debió de ser tremendo. El coche debía circular a mucho más de 50, mucho más. El cuerpo de mi hermana fue lanzado a unos 20 metros”, señala Eddy. El traumatismo que sufrió en la cabeza fue brutal. “La tuvieron que operar de urgencia. Tenía dos derrames cerebrales y le han quitado parte del hueso de la cabeza para aliviar la presión. Está en coma. No hay esperanza”, explica Luis, el otro hermano, que se recupera del infarto que le dio una semana después del atropello. “El tiempo de evolución es indeterminado”, recoge el parte médico.

De momento, Nory está en aislamiento mientras su cuerpo se recupera de la bacteria de la piel. Su familia no sabe qué va a ser de ella. Dada la situación, sus recursos económicos son escasos. Nory, con su sueldo, ayudaba con sus padres en Honduras. Ahora estos se han trasladado a Madrid. Los billetes los costeó el matrimonio que empleaba a Nory. Los otros dos hermanos, Eddy y Luis, han tenido que dejar el trabajo, uno por el infarto y otro para ayudar al resto de la familia. “Mientras tenga la bacteria, no puede salir de aquí. Y el seguro del conductor se lava las manos. Nos han dicho que en la Comunidad de Madrid hay 11 centros que pueden acoger a mi hermana para tratarla en su delicada situación, pero todo tiene un coste que no sé si vamos a poder asumir”, concluye Eddy.

“Si no hubiera sido un atropello, ya la hubiéramos derivado a un centro de apoyo. Pero en estos casos, quien tiene que proponer un centro es la compañía de seguros. Mientras tanto, es nuestra responsabilidad hasta que no haya una solución”, explica un portavoz del Clínico.

Más indefensión tras las últimas reformas legales
Manuel Castellanos, el letrado de la familia y que también es presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes (Anava), asegura que el caso de Nory ejemplifica a la perfección la situación de “indefensión y desprotección” que sufren actualmente las víctimas de tráfico tras las últimas reformas legales: la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica el Código Penal, y la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que ha cambiado el baremo de compensaciones. “La primera despenaliza los accidentes de tráfico, obligando a todas las víctimas a demandar a las aseguradoras por la vía civil, que tiene unos gastos, frente al sistema anterior, que era por la vía penal y sin gastos. Y la segunda fija un nuevo baremo con condiciones y requisitos muy restrictivos para las víctimas frente al sector asegurador, que siempre sale ganando”.
Es decir, hasta julio del año pasado (antes de que entrase en vigor la reforma del Código Penal), todos los accidentes de tráfico podían ir por la vía penal, sin costes para la víctima. El juicio de faltas era gratuito. El informe del forense que veía a la víctima también era gratuito. Incluso la víctima podía asistir al juicio sin abogado, y si al final lo perdía, es decir, si no condenaban al conductor o a la aseguradora, no había costas. “Ahora, un atropello en un paso de peatones, como el de Nory, no se puede perseguir penalmente. Solo civilmente”, señala Castellanos. 

La compañía aseguradora del conductor que atropelló a Nory, Allianz, no da señales de vida. “Prácticamente todas las semanas, desde el accidente, les estoy mandando correos electrónicos pidiendo que se hagan cargo. Se lo mando por ‘mail’ porque nadie se ha dignado a ponerse al teléfono conmigo para hablar de este asunto”, señala Castellanos, que el pasado 11 de octubre pidió auxilio al juzgado para que fije una pensión provisional de 20.000 euros a favor de Nory y una pensión mensual de 2.000 euros, “a cuenta de la indemnización que en su día se determine”, para atender los gastos de la víctima y de su familia. La petición fue reiterada el 27 de octubre. Castellanos se teme que la aseguradora está dando largas “esperando que Nory fallezca para pagar menos”. Si muere, la indemnización varía entre los 90.000 y los 120.000 euros, según sus condiciones familiares. “Mientras que en su situación actual de coma vegetativo le puede suponer a la compañía unos 5.000 euros al mes, mucho más dinero”.
La situación podría ser distinta, explica Castellanos, si el conductor del accidente de Nory no hubiera sido identificado. En este caso, la indemnización la asume el fondo de garantías del Consorcio de Compensación de Seguros, adscrito al Ministerio de Economía, que paga en aquellos accidentes donde las víctimas no tienen seguro, los vehículos se dan a la fuga o el vehículo que lo provoca es robado. “En este caso, intentamos ir por lo penal porque la aseguradora está ignorando a Nory. Si el juez determina ahora que este atropello no es un delito leve, no se puede perseguir penalmente, y no tengo modo alguno de obligar a la compañía a que nos pague y nos ayude en estos difíciles momentos”. 

Si el juez lo archiva, la familia de Nory tendrá que hacer una reclamación de oferta motivada, que tiene que ir acompañada de un informe pericial privado, que cuesta entre 600 y 1.200 euros, cuando antes de la reforma penal era gratuito, ya que el juzgado ponía el forense. Ahora no. Ahora la víctima tiene que contratar a un perito privado y pagarlo, además de contratar a un procurador y un abogado para ir por la vía civil. Esto, según Castellanos, desanima a muchas víctimas de accidentes leves, ya que los gastos que les acarrea pelear por una pequeña compensación económica no les compensa. “Las aseguradoras han ganado tras la reforma”, concluye el letrado.

fuente: elconfidencial.com

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