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Empresas de seguridad privada, centinelas contra la libertad de expresión

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Empresas de seguridad privada, centinelas contra la libertad de expresión

La noche del 24 de mayo de este 2017, en la víspera de la celebración del Día del Periodista en Honduras, el comunicador Ronnie Ezequiel Huete Salgado recibió una llamada de un intento del Movimiento Estudiantil Universitario MEU de tomarse el edificio administrativo en la Ciudad Universitaria C.U. en Tegucigalpa. Él estaba puntual con su cámara para registrar la avanzada estudiantil por controlar el acceso al fuertemente custodiado edificio.


La toma fue frustrada por los guardias de seguridad privada de la Empresa de Seguridad Privada del Aguan S. de R. L. (E.S.P.A.) que desde 2013 fue contratada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) por un monto de 36,490,080.00 (treinta y seis millones cuatrocientos noventa mil ochenta) lempiras anuales (unos 1.5 millones de dólares), según consta en el contrato de suministros de servicios No. 02-2013-SEAF-UNAH, convirtiéndose desde entonces hasta la fecha en uno de los más importantes negocios de seguridad privada del país.

Debido a la persecución y la criminalización contra la protesta estudiantil en el país, los miembros del MEU realizan sus acciones con sus rostros tapados con camisetas y al llegar al edificio administrativo se encontraron con otras personas con la cara tapada o “encapuchados”, que usaban el pantalón del uniforme de ESPA. A pesar de tener la cara tapada según los estudiantes, los otros encapuchados se presentaban como elementos de la empresa de seguridad.

Al interno del edificio los estudiantes fueron superados en número y arrinconados en el sótano del edificio. Los otros encapuchados utilizaron armas de fuego, palos y bombas lacrimógenas para atacar a los estudiantes. Por su parte el periodista Ronnie Huete transmitía en vivo para el diario www.desacato.info de Brasil para el cual es corresponsal en Honduras.

¡Cállate!

“Me desplacé al estacionamiento de la planta baja del edificio administrativo, en donde observé a un grupo de personas encapuchadas y con palos en sus manos amenazando a los estudiantes, quienes también se cubrían el rostro. Yo estaba transmitiendo en vivo vía internet y cuando me vieron grabando se lanzaron contra mía y rociaron gas pimienta en mi rostro” comentó Huete Salgado.

“Luego de haberme rociado me identifiqué como periodista, les mostré mi credencial como corresponsal internacional y defensor de derechos humanos, sin embargo, ellos procedieron a quitarme mi celular y carnet de periodista, acto seguido comenzaron a golpearme con los palos que sujetaban en sus manos, y con fuertes patadas me tiraron al suelo. Les repetí constantemente que estaba trabajando en mis funciones como periodista, sin embargo, no me escuchaban y sus respuestas solo eran golpes contra mi persona, me gritaban ¡Cállate! yo les implore por mi vida, pensé que moriría en ese momento” describió el comunicador.

Esa noche Huete Salgado fue enviado junto a 19 estudiantes a la Posta Policial Core 7 en el Barrio Abajo de Tegucigalpa donde permanecieron por más de 48 horas detenidos, después se les dejó en libertad provisional y actualmente están acusados por violación y daño a la propiedad privada.   


Ronnie Huete ha presentado en el Ministerio Público una denuncia por violación a sus Derechos Humanos y Libertad de Expresión por parte de la empresa de seguridad ESPA y la UNAH. Está acusación difícilmente procederá tomando en consideración que el pasado 7 de junio los estudiantes universitarios Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa fueron condenados a 5 años de prisión por haber participado en protestas en 2015, acusados formalmente por daños a la propiedad privada.

Esto a pesar que en 2016 la UNAH firmó un acuerdo bajo vigilancia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el que se comprometía a retirar las acusaciones contra los estudiantes y no seguir más con está practica judicial de persecución política. Recientemente la falta de cumplimiento fue fuertemente señalada por la oficina de Naciones Unidas.

ESPA y la UNAH

Desde que la Empresa de Seguridad Privada del Aguan S. de R. L. (E.S.P.A.) es la encargada de la seguridad del Alma Mater en Honduras, ha sido señalada reiteradas veces por abuso de autoridad y violaciones a los Derechos Humanos de los y las estudiantes. Sin embargo, no existe ningún proceso formal de investigación del parte del Estado de Honduras en su contra.

La lógica de seguridad de la Máxima Casa de Estudios cambió bruscamente bajo la administración de la Rectora Julieta Castellanos quien desde 2009 por primera vez y en clara violación al principio de la Autonomía, permitió al acceso de elementos policiales y militares a los predios universitarios para contrarrestar las protestas estudiantiles desarrolladas en el marco del Golpe de Estado de ese año. El salto a contratar un servicio de seguridad privada en 2013 sólo era un paso más en ese camino.

La UNAH combina la constante presencia policial y militar en los predios universitarios o alrededores con una lógica de seguridad interna sin auditoria y una agilidad judicial para criminalizar a los estudiantes para contrarrestar un creciente movimiento estudiantil que desde 2012 está pidiendo elecciones estudiantiles y una participación directa en los espacios de toma de decisión controlados casi absolutamente por el aparato administrativo dejando por fuera a docentes y alumnos.

En los casos contra los estudiantes se ha sabido que la UNAH ha entregado videos internos a la policía nacional y ha permitido que agentes policiales actúen de encubierto en el movimiento estudiantil, los medios de comunicación internos de la universidad apoyan en la criminalización de los estudiantes y de la prensa que cubre sus actividades, los guardias de seguridad interna no distinguen entre comunicadores y estudiantes al momento de reprimir.

Miembros de la seguridad privada, encapuchados y con palos en sus manos.

ESPA tiene como Gerente General y Representante Legal al Ex Comisionado de Policía Luis Armando Zúñiga Elvir y ya ha tenido cercanías con el sistema de educación pública. En 2005 participó en licitación pública para brindar seguridad a los Institutos de educación media Técnico Luís Bogran, Jesús Aguilar Paz, Técnico Saúl Zelaya Jiménez y el Técnico Honduras. Procesó que se declaró desierto por irregularidades en la licitación.

Seguridad privada desbordada

En Honduras la seguridad privada tiene inscritos oficialmente a casi 80 mil agentes en todo el país lo que supera en número a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas juntas. Existen cinco agentes de seguridad privada por cada policía y el 20 por ciento de las armas legalmente registradas en Honduras están en manos de poco más de 700 empresas de seguridad privada legales.

En 2011 el Estado de Honduras aprobó el Reglamento para el control de los servicios privados de seguridad que estipulaba licencias hasta de 250 mil lempiras para cada empresa (poco más de 10,000 dólares) y un cobro de 15 mil a 20 mil lempiras por cada agente contratado.

Lo que el reglamento no estipula son las condiciones laborales de estas empresas, ya que según un informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en 2016 el 92% de estos agentes ganaban menos que el salario mínimo, o sea menos de 7,500 lempiras al mes.

Según el Ministerio Público diariamente se reciben 20 denuncias por violaciones a los derechos laborales contra estos agentes de seguridad privada. En el caso puntual de ESPA con la UNAH el contrato incluye la presencia de 216 guardias de seguridad a nivel nacional a un pago de 14 mil lempiras mensuales, algo muy por encima del salario real devengado por cada guardia.

El Congreso Nacional de Honduras está por discutir la posible aprobación de una Comisión Regulatoria para estas empresas que vigile las condiciones laborales, pero también que exija parámetros más altos de contratación que no permitan que personas vinculadas al crimen organizado se incorporen tan fácilmente al más grande cuerpo de seguridad del país.

Sería importante que en las asignaciones de esta Comisión Regulatoria se anexara también la vigilancia al respeto de los Derechos Humanos y que estás empresas privadas estén obligadas a los mismos protocolos que tienen las fuerzas de seguridad pública para relacionarse con los y las ciudadanas y con la Prensa, ya que hasta ahora el trabajo de las empresas de seguridad privada ha gozado con una cortina más de impunidad en el ya muy opaco panorama de la seguridad en Honduras.

Casos como las violaciones a derechos humanos y asesinatos en el Valle de Aguan contra campesinos entre 2009 y 2012 por parte de agentes de seguridad privada y ahora la persecución estudiantil y contra la prensa en la Universidad Nacional hacen pensar en la necesidad de poner fronteras a este poderoso aparato de violencia institucionalizada.

Al final siempre queda la pregunta de quién es el verdadero responsable de la represión, si las empresas privadas que venden un servicio o quienes las contratan para esto.

Gerardo Torres

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